Un cubano detenido la semana pasada por protestar contra el gobernante Miguel Díaz-Canel y la dictadura impuesta en la isla fue liberado este miércoles bajo una fianza de 5 mil pesos, según dijo en un video enviado a Martí Noticias.
El residente en Velazco, Holguín, en el Oriente de Cuba, Yubariel Bello Cruz, contó que durante su detención pasó seis días en huelga de hambre, sin ingerir alimentos ni líquidos. "Estaba decidido a morirme", aseguró.
Bello Cruz dijo que fue detenido injustamente. "Yo tengo mis derechos, son los derechos humanos. Hay que respetar mi opinión, mi libre criterio. Me puedo manifestar como yo quiera", subrayó en la declaración en video.
El manifestante está en libertad bajo fianza, pendiente de juicio, aunque las autoridades no le dieron detalles sobre el proceso. "Todavía no se sabe nada porque ellos pueden venir a recogerme y trancarme de nuevo, encerrarme", dijo.
La semana pasada, la madre de Bello Cruz explicó a Martí Noticias que las autoridades siempre lo acusan de "atentado y desacato, porque él nunca ha estado a favor del gobierno".
Emerlinda Cruz, de 70 años, denunció que fue maltratada por un oficial en la unidad de la Policía de Velazco, cuando intentó que su hijo detuviera la huelga de hambre. "Me sacó a empujones y me maltrató", dijo en referencia al Jefe de Sector, que identificó como "Frank".
La mujer estaba preocupada por la salud de su hijo. "Él no ha comido ni ha tomado agua. Se me está muriendo, ya no tiene color", dijo entonces en conversación telefónica con Martí Noticias
Cruz explicó que su hijo fue detenido luego de que un vecino dijera a la policía que éste le había mentado la madre a Díaz-Canel.
En los últimos años, las autoridades cubanas han dictado severas condenas contra ciudadanos que han protestado contra el gobernante u otras figuras e instituciones del régimen de la isla. Los enjuiciados han sido acusados del delito de “difamación de las instituciones y organizaciones, y de los héroes y mártires”, tipificado en el Código Penal cubano.
Este delito se castiga con sanciones de prisión de tres meses a un año, o multas, una práctica criticada por organizaciones defensoras de los derechos humanos como Amnistía Internacional.
“Estas condenas son una muestra de la crueldad que el gobierno del presidente Díaz-Canel está dispuesto a ejercer sobre cualquier persona que critique a las autoridades cubanas. Las autoridades deberían abandonar el uso del sistema penal para reprimir a la población, y tomar las medidas necesarias para garantizar la independencia del Poder Judicial y de la Fiscalía”, ha señalado la organización.
(Con reporte de Ivette Pacheco para Radio Martí)
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